Largas XX

SIGLO XX:

BLOQUE 9: La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902- 1931)

9.1. Alfonso XIII y la crisis del sistema político de la Restauración: los partidos dinásticos. Las fuerzas políticas de oposición: republicanos, nacionalistas, socialistas y anarcosindicalistas.


Tras la desaparición de los fundadores del turnismo (Cánovas, asesinado en 1897, y Sagasta, fallecido en 1903) los dos partidos dinásticos renovaron su liderazgo, pero se escindieron en varias tendencias: el conservador con Francisco Silvela (fallecido en 1905), Antonio Maura y Eduardo Dato; y el liberal, con José Canalejas (asesinado en 1912), el conde de Romanones, Manuel García Prieto, etc. La gestión de sus sucesivos gobiernos se esforzó en la inclusión de propuestas "regeneracionistas", planteando una "revolución desde arriba" para evitar la "revolución desde abajo": Instituto Nacional de Previsión (precedente de la Seguridad  Social), Ley del Candado (prohibía la introducción de nuevas órdenes religiosas"), supresión del impuesto de consumos o la reforma del servicio militar.

Desde la Constitución de 1876 y la Ley Constitutiva del Ejército de 1878, el servicio militar (que duraba cuatro años en activo y cuatro en la reserva) era obligatorio en toda España (antes no lo era en las provincias forales), pero podía eludirse con "sustituciones" o "redenciones" en metálico (1.500 pesetas, que sólo podían pagar los reclutas de familias con dinero o posibilidad de endeudarse -llegaron a ser más de veinte mil en los años más conflictivos-). En 1912 (después de los "desastres" de Cuba -1898- y del Barranco del Lobo -1909-, pero antes del de Annual -1921-) se suprimió esta posibilidad, quedando el servicio militar como estrictamente obligatorio; pero todavía se consentía que los "soldados de cuota" (que pagaban entre 1.500 y 5.000 pesetas) pudieran elegir destino (hasta la Guerra Civil de 1936).

El descontento en el ejército (o "problema militar") tenía varios componentes: la desproporción del número de oficiales (que no se había redimensionado tras la pérdida de las colonias), la diferencia de intereses entre los "africanistas" (que ascendían por méritos de guerra) y la mayor parte de la oficialidad (que quedaba relegada), y la mala recepción de cualquier crítica, sobre todo las que vinieran desde los nacionalistas periféricos, a los que veían como una amenaza a la unidad de España (escándalo del Cu-Cut -revista satírica que fue asaltada por un grupo de militares, 1905-, se promulgó la Ley de Jurisdicciones -ponía bajo la ley militar a los civiles que ofendieran al ejército, 1906-). El intento de introducir a un militar como líder político civil (general Polavieja, desde 1899), no tuvo éxito, respetándose la separación de ámbitos que se mantenía desde Cánovas: el gobierno dirigido por los políticos civiles y el ejército vinculado jerárquicamente con el propio rey. 

ESTE CONTENIDO DEBE APARECER TAMBIÉN EN EL TEMA SIGUIENTE, 9.2 (PARA EXPLICAR LAS JUNTAS DE DEFENSA)


Los partidos "no dinásticos", que pretendían representar a la "España real" por oposición a la "España oficial", seguían sin tener opciones de alcanzar el poder; aunque fueron obteniendo algunos diputados por circunscripciones menos controladas por el caciquismo, donde era más difícil el fraude electoral:

La Lliga Regionalista (1901) obtuvo un notable éxito electoral en Cataluña (candidatura de los cuatro presidentes). La burguesía "catalanista" controlaba los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, cuyas competencias se reunieron en la Mancomunidad Catalana, planteada como una forma de descentralización, autogobierno o autonomía regional (1914).

Tras los escándalos protagonizados por Sabino Arana poco antes de su muerte (polémica por el uso del euskera contra Miguel de Unamuno -1901-, telegrama felicitando a Roosevelt por la independencia de Cuba -1902-), el Partido Nacionalista Vasco aumentó escasamente su presencia en ayuntamientos y diputaciones, obteniendo su primer diputado a Cortes en 1908. En 1911 se fundó un sindicato afín (Solidaridad de Obreros Vascos).


Pablo Iglesias fue el primer diputado socialista (1910). La implantación del PSOE y la UGT era mayor en el País Vasco, Asturias y Madrid. El movimiento anarquista, con mayor implantación en Andalucía y Cataluña, no se organizaba como partido político, sino con distintas organizaciones, como sindicatos locales y sectoriales, y no creó un sindicato nacional hasta 1911: la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), muy descentralizada, aunque con personalidades destacadas, como Salvador Seguí y Ángel Pestaña. Su discutida relación con atentados (boda de Alfonso XIII, Mateo Morral, 1906) y movilizaciones violentas (Semana Trágica de Barcelona, 1909 -protesta antimilitarista que derivó en quema de conventos-), convirtió a algunos destacados anarquistas en "mártires" de la represión (ejecución de Ferrer Guardia, fundador de la Escuela Moderna).

PARTE DE ESTOS CONTENIDOS DEBE APARECER TAMBIÉN EN EL TEMA 7.2 (SIGLO XIX)

A los republicanos, muy divididos, se añadió el Partido Radical de Alejandro Lerroux (anticlerical y opuesto al nacionalismo catalán). El Partido Reformista de Melquiades Álvarez (al que se sumaron jovenes intelectuales de la generación del 14, como Manuel Azaña y José Ortega y Gasset) proponía reformas sociales y políticas, sin ser su prioridad el cuestionamiento de la forma de Estado.

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9.2. La intervención en Marruecos. Repercusiones de la Primera Guerra Mundial en España. La crisis de 1917 y el trienio bolchevique.


La relación entre la península ibérica y el Norte de África es un proceso histórico de larga duración, desde la Prehistoria hasta la actualidad (se mantiene la soberanía española en Ceuta, Melilla y otras pequeñas plazas). A mediados del siglo XIX se había revitalizado con la Guerra de África (
Prim y O'Donnell, batalla de Castillejos, toma de Tetuán, leones de las Cortes).

El reparto colonial de África entre las potencias europeas tuvo como último episodio la Conferencia de Algeciras (1906), en donde se decidió el establecimiento de un protectorado para el sultanato de Marruecos. Para equilibrar los intereses franceses, alemanes e ingleses, se concedió a España la zona norte (el litoral mediterráneo y las montañas del Rif, con excepción de la ciudad de Tánger, que quedó como zona internacional) y a Francia la zona sur.

Algunas cabilas rifeñas (tribus locales, de etnia y lengua bereber) hostigaban a los constructores de un ferrocarril (1908), a lo que el gobierno español respondió con la movilización de los reservistas del ejército (Semana Trágica de Barcelona, 1909), sin poder evitar el "desastre" del Barranco del Lobo (más de cien muertos), aunque se consiguió dominar el territorio.

España se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial (1914-1918), a pesar de las tensiones internas entre aliadófilos y germanófilos. Tal condición fue enormemente favorable para los exportadores, que surtían de todo tipo de productos a ambos bandos; pero la prosperidad no se extendió a todas las clases sociales: la inflación perjudicó a los salarios, que no crecieron al mismo ritmo, y sobre todo a los perceptores de rentas fijas.

En 1917 se desencadenó una grave crisis, manifestada en tres movimientos de protesta simultáneos pero no coordinados entre sí
 (a diferencia de lo que ocurrió en revolución rusa de ese mismo año): el militar, el político y el obrero.

El descontento en el ejército (o "problema militar" DEBE INCLUIRSE TAMBIÉN EN EL PRIMER TEMA DE ALFONSO XIII) tenía varios componentes: la desproporción del número de oficiales (que no se había redimensionado tras la pérdida de las colonias), la diferencia de intereses entre los "africanistas" (que ascendían por méritos de guerra) y la mayor parte de la oficialidad (que quedaba relegada), y la mala recepción de cualquier crítica, sobre todo las que vinieran desde los nacionalistas periféricos, a los que veían como una amenaza a la unidad de España (escándalo del Cu-Cut -revista satírica que fue asaltada por un grupo de militares, 1905-, Ley de Jurisdicciones -ponía bajo la ley militar a los civiles que ofendieran al ejército, 1906-); también sus sueldos eran especialmente sensibles a la inflación, puesto que no se revalorizaban suficientemente. Anteriormente ya se había intentado crear un movimiento político civil dirigido por militares (general Polavieja, desde 1899); pero en esta ocasión fue un movimiento militar 
con reivindicaciones corporativas y el propósito explícito de presionar al gobierno: las Juntas de Defensa (la primera en Barcelona, 1916). El gobierno del liberal García Prieto cayó por intentar ilegalizarlas (junio de 1917), siendo sustituido por el del conservador Eduardo Dato, que las aceptó. Los militares no tuvieron necesidad de romper la disciplina jerárquica (en cuya cúspide estaba el propio rey), y estuvieron dispuestos incluso a garantizar el orden público contra otros movimientos de protesta, con los que no mostraron ningún interés en confluir. No obstante se demostró la debilidad de los gobiernos de los partidos dinásticos, liderados por civiles, y la posibilidad de que en ocasiones futuras pudiera darse un golpe de Estado militar; de momento, las juntas dejaron de ser una amenaza política contra el sistema.

Los partidos no turnistas (minoritarios en su representación parlamentaria, pero convencidos de representar la llamada "España real" contra la "España oficial") exigían al gobierno la reapertura de las Cortes, cuyas sesiones se habían interrumpido; ante la negativa, convocaron por su cuenta una asamblea de parlamentarios en Barcelona (julio), a la que se invitó a las Juntas de Defensa, que se negaron. Acudieron nacionalistas periféricos (Cambó), reformistas, republicanos, radicales (Lerroux) y socialistas (Pablo Iglesias). La asamblea fue disuelta por la fuerza pública, y no tuvo continuidad.

El sindicato socialista (UGT) convocó en agosto una huelga general que tuvo un amplio seguimiento por todo el país; a pesar de haberse intentado la coordinación con el sindicato anarquista (CNT), finalmente no se produjo. El gobierno recurrió al ejército para reprimir a los huelguistas, produciéndose enfrentamientos violentos y miles de detenidos. Los miembros del comité de huelga (Largo Caballero, Besteiro, Saborit y Anguiano) fueron encarcelados pero, tras ser elegidos diputados en las siguientes elecciones, fueron liberados.


Tras las elecciones de 1918, sin mayoría clara (algo inédito en la historia electoral de España), se formó un gobierno de concentración presidido por el conservador Maura y en el que entraron como ministros el liberal García Prieto y el catalanista Cambó. En el resto del periodo 
(hasta 1923) la inestabilidad fue extrema: once gobiernos en cinco años.

Fueron, e
specialmente en Cataluña, los "años de plomo" del pistolerismo patronal y sindical, durante los cuales la huelga de "La Canadiense" (1919) consiguió la aprobación de la jornada de 8 horas. En Andalucía, las movilizaciones campesinas (huelgas, ocupaciones de fincas y ayuntamientos, quema de cosechas) lideradas por la CNT, que superó los 100.000 afiliados, dieron a esta época el equívoco nombre de "trienio bolchevique" (1918-1921). Para reprimirlas, se declaró el estado de guerra, permitiendo la intervención del ejército.

Desde 1920, Abd el Krim lideró en el Rif un movimiento anticolonialista; que el general Silvestre, incitado por el propio rey (telegrama malsonante), pretendió sofocar con un avance imprudente que le dejó aislado, produciéndose más de diez mil muertos en el "desastre" de Annual (1921). Se inició una investigación parlamentaria para depurar las responsabilidades (informe Picasso).

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9.3. La dictadura de Primo de Rivera. El final del reinado de Alfonso XIII.

El capitán general de Cataluña, Miguel de Primo de Rivera, dio un golpe de estado en Barcelona el 13 de septiembre de 1923. Recibió el inmediato apoyo del rey Alfonso XIII y el ejército (cuya posición estaba comprometida desde el desastre de Annual) y fue bien recibido por gran parte de la sociedad, comenzando por la burguesía catalana, que confiaba en que acabara con los atentados (pistolerismo patronal y sindical). También consiguió la colaboración de parte del movimiento obrero de orientación socialista (UGT), al que se realizaron concesiones (comités mixtos, nombramiento de Largo Caballero para el Consejo de Estado) a cambio de una paz social sin huelgas. Los partidos dinásticos no se resistieron a la supresión de sus actividades; la oposición inicialmente se limitó a algunos intelectuales (destierro de Unamuno), los partidos republicanos y nacionalistas (se suprimió la Mancomunidad Catalana) y parte del movimiento obrero (especialmente el anarquista -CNT-, duramente reprimido).

Se formó un Directorio militar, que disolvió las Cortes y suprimió la vigencia de la Constitución, emprendiendo una política autoritaria de restauración del orden público (aplicando la "ley de fugas", es decir, ejecuciones extrajudiciales). Tras valorar la posibilidad de abandonar el Protectorado de Marruecos, se descartó la idea y se optó por la opuesta: realizar un gran esfuerzo militar, en alianza con Francia: el desembarco de Alhucemas (8 de septiembre de 1925), una operación naval con apoyo aéreo a una escala nunca antes vista, que situó sobre el terreno un gran contingente terrestre bien dotado de recursos y acabó con la resistencia de las cabilas rifeñas.

Se propició la creación de grandes empresas privadas que monopolizaban nuevos sectores, como la Compañía Telefónica Nacional de España (1924), la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA, 1927) o Iberia (1927). Se promovieron obras públicas (carreteras, embalses) que crearon puestos de trabajo y dinamizaron la economía. Culturalmente se dio una verdadera "Edad de Plata" de las ciencias, las artes y las letras españolas (creación de la Ciudad Universitaria, presencia de destacados intelectuales en la Residencia de Estudiantes y la Junta de Ampliación de Estudios).

Con el objetivo de dotar al régimen de una apariencia institucional, el dictador disolvió el Directorio militar y lo sustituyó por un Directorio civil (diciembre de 1925), y convocó una Asamblea Nacional Consultiva (1927) sin presencia de partidos políticos, pues únicamente se consintió la Unión Patriótica, una especie de partido único "apolítico", que se identificaba más con el tradicionalismo y la doctrina social de la Iglesia que con el fascismo, con el que también tiene relación. Para calificar al régimen se ha utilizado el concepto "corporativismo".

Se prepararon dos grandes exposiciones internacionales para 1929 (la Iberoamericana de Sevilla y la Universal de Barcelona), y ese mismo año se produjo el crack de la bolsa de Nueva York que inició la Gran Depresión. Aunque sus efectos no fueron tan graves inicialmente en España, el cambio de ciclo económico se dejó notar; aumentó el descontento social y la oposición política, que dejó sin apoyos al dictador.

En enero de 1930 dimitió el dictador, al dejarle claro el rey, y la mayor parte de los mandos militares, que había perdido su confianza. Le sustituyó el general Berenguer (recibido con una fuerte crítica en el artículo de José Ortega y Gasset El error Berenguer), y al poco tiempo el Almirante Aznar. Al breve periodo se le denominó, irónicamente, "dictablanda", pues su propósito expreso era transitar pacíficamente hacia un sistema constitucional y parlamentario; lo que era completamente insuficiente para la oposición republicana (sublevación de Jaca, diciembre). En vez de elecciones generales, el gobierno optó por convocar elecciones municipales para el 12 de abril de 1931.

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BLOQUE 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939)

10.1. La proclamación de la Segunda República. La Constitución de 1931. El bienio reformista (1931-1933).

A pesar de que las candidaturas monárquicas presentadas a las elecciones municipales del 12 de abril 1931 ganaron tanto en número de municipios como de concejales (sumando los resultados de toda España), lo que se consideró más significativo en ese momento fue el triunfo de las candidaturas republicanas en las principales ciudades. El 14 de abril se proclamó la República en muchas localidades (la primera fue Éibar, a las seis de la madrugada); Romanones aconsejó al rey que aceptara los hechos consumados y saliera al exilio. El cambio de régimen fue recibido con masivas manifestaciones de espíritu festivo y optimista, casi siempre pacíficas, aunque hubo episodios de violencia anticlerical que no fueron reprimidos ("todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano").

El gobierno provisional estaba formado por republicanos de distintas tendencias: derechistas (Niceto Alcalá Zamora, que lo presidió) radicales (Alejandro Lerroux), izquierdistas (Manuel Azaña), catalanistas (Nicolau D'Olwer), galleguistas (Santiago Casares Quiroga) y una amplia representación socialista (Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos). Se dotó a sí mismo de poderes excepcionales, regulados en un Estatuto Jurídico que se prolongó posteriormente con una Ley de Defensa de la República que permitió reprimir a la oposición (tanto la monárquica como la anarquista, que reemprendió su "gimnasia revolucionaria").

Se convocaron elecciones a unas Cortes unicamerales para legitimar el gobierno y redactar una nueva Constitución republicana, la de 1931. La ley electoral dio una desproporcionada representación a la coalición republicano-socialista, dejando a los divididos monárquicos tan pocos diputados que la oposición pasó a ser ejercida por partidos de la coalición vencedora: los republicanos de centro (los radicales de Lerroux) y derecha (Alcalá Zamora, al que las Cortes nombraron Presidente de la República -la mayor dignidad, pero con muy poco poder-), mientras que el gobierno fue liderado por Manuel Azaña, apoyado por los socialistas. El que el partido de Azaña tuviera muchos menos diputados que el PSOE fue visto con naturalidad ("los intelectuales deben ser el cerebro y los obreros el músculo de la República"). Trece intelectuales fueron elegidos en la candidatura la Agrupación al Servicio de la República, como Ortega y Gasset, que al poco tiempo, mostró su discrepancia frente al rumbo de los acontecimientos (No es esto, no es esto).

La Constitución definía a España como una democracia social ("República de trabajadores de toda clase"), territorialmente como un Estado unitario y no federal, pero descentralizado, admitiendo la autonomía de sus regiones ("Estado integral"), y completamente laico (completa separación de Iglesia y Estado, medidas anticlericales, como la expulsión de la Compañía de Jesús y la prohibición de la enseñanza religiosa). Incluyó amplios derechos políticos y sociales, y el sufragio femenino tras un debate liderado por mujeres (hasta entonces podían ser elegidas aunque no votar) en el que Clara Campoamor (radical) lo defendió, mientras que Victoria Kent (radical-socialista) proponía retrasarlo, aduciendo que todavía las mujeres estaban muy influidas por el clero y votarían a la derecha (el PSOE estuvo dividido en el debate, y la diputada socialista Margarita Nelken, que se incorporó más tarde, también estaba en contra).

Se aprobó el estatuto de Cataluña (septiembre de 1932). Ganó las elecciones autonómicas Esquerra Republicana (ERC), nombrándose a Francesc Maciá presidente de la Generalitat (denominación de una institución del Antiguo Régimen sin tales competencias, pero que recordaba la pérdida de los fueros en 1714). La tramitación del estatuto vasco fue más compleja: la mayoría de los ayuntamientos navarros se negó a incorporarse, y al redactarse un estatuto limitado a las tres provincias vascas, no fue aprobado en Álava (ambos territorios con gran presencia carlista y escasa del PNV). El estatuto gallego se retrasó.

Azaña, como ministro de Guerra, emprendió una reforma del ejército que retiró a miles de oficiales y cerró la Academia Militar de Zaragoza (dirigida por Francisco Franco, un joven general "africanista"). El general Sanjurjo realizó un intento de golpe de Estado, que fracasó ("Sanjurjada", agosto de 1932); para evitar condenarle a muerte, se le permitió salir al exilio.

Se diseñó una reforma educativa de gran alcance, inspirada en los principios de la Institución Libre de Enseñanza, escolarizándose masivamente a la población infantil, aunque no se completaron las 27.000 escuelas proyectadas, ni el cierre previsto de los colegios religiosos. La figura del maestro pasó a identificarse con el apoyo más visible de la República. Las Misiones Pedagógicas recorrieron las zonas rurales presentando grandes obras culturales por estudiantes e intelectuales (Bartolomé Cossío, Federico García Lorca).

Además de mejoras salariales y de garantizar la representación sindical (jurados mixtos), se inició la reforma agraria, que preveía la expropiación de fincas que no estuvieran explotadas de forma que proporcionaran suficiente trabajo en su localidad (las de la alta nobleza, acusada de haber financiado la "Sanjurjada", fueron expropiadas sin indemnización). No obstante, su aplicación no fue suficiente para las aspiraciones del movimiento campesino, especialmente del anarquista en las zonas rurales del sur, con grandes masas de jornaleros sin tierra y latifundios en manos de propietarios absentistas. Se produjeron ocupaciones de fincas que fueron reprimidas por el gobierno, destacando por su carácter violento los sucesos de Casas Viejas (enero de 1933). El escándalo político subsecuente afectó a Azaña, que se vio obligado a dar por terminada la legislatura y convocar elecciones (noviembre), dejando sin completar la mayor parte de las reformas.

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10.2. El gobierno radical cedista (1933-1935). La Revolución de Asturias. El Frente Popular, las elecciones de 1936 y el nuevo gobierno.

La presentación unida en las elecciones de noviembre de 1933 de una agrupación de partidos tradicionalistas, católicos, conservadores y no explícitamente republicanos (CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, liderada por José María Gil Robles), junto con el voto femenino (por primera vez) y la abstención anarquista, explican la derrota de las izquierdas, que se presentaron divididas. La mayoría de la CEDA no era absoluta, lo que llevó al poder a un partido republicano "centrista": los radicales de Alejandro Lerroux, que de momento no nombró ningún ministro de la CEDA, a pesar de ser el mayor partido en las Cortes. Se emprendió una política "reaccionaria" en cuanto significaba el freno o reversión de las reformas del primer bienio.

Las organizaciones anarquistas (CNT y FAI, Buenaventura Durruti, Cipriano Mera) emprendieron inmediatamente (diciembre de 1933) una sublevación armada, duramente reprimida, que dejó un centenar de muertos. Las organizaciones socialistas (PSOE y UGT) sustituyeron a sus dirigentes moderados (Julián Besteiro, Andrés Saborit) por otros más izquierdistas (Francisco Largo Caballero "el Lenin español"), preparándose para un levantamiento revolucionario que creían necesario para evitar una involución de carácter similar a la que se estaba produciendo en Alemania con Hitler, y cuyo equivalente en España veían en Gil Robles: no consentirían que gobernaran la república los "no-republicanos". Tal hecho no se produjo hasta la crisis de gobierno que llevó a Lerroux a nombrar ministros de la CEDA (octubre de 1934).

Unos meses antes, el aumento de la presión de los empresarios y patronos agrarios contra los salarios y la reforma agraria ("¡Comed República!") hizo estallar la huelga campesina de junio de 1934 (fechas escalonadas siguiendo la siega de norte a sur), que incluyó incidentes violentos, con muertos y siete mil detenidos, impidiendo que el campo español tuviera protagonismo en la huelga general revolucionaria de octubre. El levantamiento únicamente tuvo importancia en Madrid y las zonas industriales. Maciá, presidente de la Generalitat de Cataluña, aprovechó el momento para declarar el Estat Catalá, siendo detenido con todo su gobierno. Los incidentes violentos fueron rápidamente sofocados por la escasa preparación de los insurrectos, que fracasaron en sus planes de dotarse de armamento y tomar instalaciones estratégicas; excepto en Asturias, donde los "dinamiteros" tomaron las cuencas mineras y la ciudad de Oviedo. Para reprimir esa verdadera "revolución de Asturias" se hubo de recurrir al ejército de África, dirigido por el general Franco. Se encarceló a miles de obreros y mineros. Se estima en más de mil el número de muertos y entre quince mil y treinta mil el de detenidos.

A finales de 1935 estallaron los escándalos "estraperlo" (Strauss-Perle-Lowan, un juego de casino fraudulento, con sobornos a políticos) y Nombela (el Estado asumió las pérdidas de la compañía naviera privada concesionaria del transporte a Guinea Ecuatorial), que implicaban al gobierno de Lerroux. Terminó el segundo bienio republicano con la convocatoria de elecciones (febrero de 1936).

Ante las evidencia de que los grupos políticos "centristas" carecían de posibilidades, se formaron dos bloques enfrentados, que polarizaron a la sociedad en izquierdas y derechas:

La mayor parte de los partidos de derechas se presentaron coaligados en la CEDA (Gil Robles). Con poca representación, pero muy activos, había varios grupos de extrema derecha, inspirados en el fascismo italiano y en el tradicionalismo carlista español, como el Bloque Nacional (José Calvo Sotelo) y Falange Española (José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, que había integrado a las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista -JONS- de Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo).

Las izquierdas se presentaron coaligadas en el Frente Popular, liderado por Azaña (Izquierda Republicana), aunque su principal fuerza era el PSOE; incluía varios grupos de extrema izquierda: PCE (Partido Comunista de España, estalinista, Dolores Ibárruri "La Pasionaria"), POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista, trotskista, Andreu Nin), Partido Sindicalista (un insólito caso de partido anarquista, Ángel Pestaña) y algunos nacionalistas periféricos (ERC, pero no el PNV). Al prometer la liberación de los presos, el voto anarquista volvió a ser muy importante. Las juventudes socialistas y comunistas se unificaron (Santiago Carrillo).

La mayoría parlamentaria del Frente Popular destituyó a Alcalá Zamora de su cargo de Presidente de la República, nombrando en su lugar a Manuel Azaña (que había ocupado unos meses el cargo de Presidente del Gobierno).

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10.3. La Guerra Civil: la sublevación militar y el estallido de la guerra. La dimensión internacional del conflicto.
LA PRIMERA VÍCTIMA DE UNA GUERRA ES LA VERDAD. LOS HECHOS, PROCESOS, ANÁLISIS Y EXPLICACIONES DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA HAN DE RECONSTRUIRSE, CON CRITERIOS HISTORIOGRÁFICOS QUE ES IMPOSIBLE NO CONTAMINAR CON IDEOLOGÍA E INTERESES, A PARTIR DE UNA INGENTE LITERATURA, EN TODOS LOS GÉNEROS POSIBLES, Y DE LA "MEMORIA" TRANSMITIDA POR LOS PROTAGONISTAS A LAS GENERACIONES ACTUALES.

A medida que avanzaba la primavera del año 1936 la violencia política se agudizaba. Dos asesinatos: el del teniente Castillo (jefe de la policía, próximo a las izquierdas), y el de Calvo Sotelo (destacado parlamentario de las derechas -según algunos testimonios, había sido amenazado en las Cortes por "La Pasionaria"-), se produjeron el 12 y 13 de julio, uno como respuesta al otro; a pesar de su proximidad a la sublevación o "Alzamiento Nacional" del 17-18 de julio, no pudieron ser el desencadenante real, pero contribuyeron a excitar en ambos bandos el deseo de enfrentarse.

Era un secreto a voces que destacados jefes militares llevaban meses conspirando para dar un golpe de Estado. La decisión de dispersarlos por destinos situados lejos de Madrid (Mola a Navarra, Franco a Canarias) contribuyó en gran medida a que finalmente lo que se produjera fuera una guerra civil.

El "director" de la conspiración fue Mola, y tanto las tropas a su mando como los voluntarios carlistas ("requetés"), muy numerosos en su región, tuvieron un alto protagonismo; mientras que las tropas del Protectorado de Marruecos, una vez que Franco venció su indecisión y se dispuso a dirigirlas, fueron decisivas tras cruzar el Estrecho con ayuda de la aviación alemana (imprescindible, dado que la mayor parte de la aviación y la marina españolas permanecieron bajo control del gobierno).

El golpe ("Alzamiento") fracasó en las principales ciudades: Madrid y Barcelona, tanto por ser los centros militares más vigilados por el gobierno como por la decisión de armar a los civiles organizados por los sindicatos y los partidos del Frente Popular ("milicianos"), que permitió el asalto a los cuarteles donde los sublevados se hicieron fuertes (el de la Montaña -Madrid- y el de las Atarazanas -Barcelona-). También fracasó en las zonas industriales y en las zonas agrarias latifundistas con gran presencia de jornaleros, algunas de cuyas ciudades quedaron aisladas, como Sevilla y Toledo (donde Queipo de Llano y Moscardó resistieron hasta la llegada de Franco), Granada (donde se produjo la ejecución de García Lorca) u Oviedo (que fue tomada a golpe de dinamita por los mineros); y triunfó en las zonas rurales minifundistas, identificadas con el catolicismo tradicional (Galicia, Meseta Norte, Navarra, Álava).

El alineamiento internacional del bando franquista con el Eje Roma-Berlín (la Italia fascista de Mussolini y la Alemania nazi de Hitler) le proporcionó un apoyo muy sólido, materializado en la aviación alemana (Legión Cóndor), el "cuerpo de tropas voluntarias" italianas y buques de ambas naciones.

El apoyo de la Unión Soviética al gobierno de la República se concretó en ventas de material bélico (pagado con las reservas del Banco de España -el llamado "oro de Moscú"-), en las Brigadas Internacionales (un cuerpo de voluntarios procedentes de distintos países, organizado por la Internacional Comunista) y en asesores político-militares; todo ello incrementó la influencia del hasta entonces testimonial Partido Comunista de España.

Las democracias occidentales organizaron un Comité de No-Intervención de escasa eficacia. Solo con la guerra ya muy avanzada consiguió la retirada de las tropas extranjeras (28 de octubre de 1938). Ante la evidencia del próximo final de la guerra en España y el previsible comienzo de una nueva guerra mundial, se produjo el reconocimiento diplomático del bando sublevado por parte de Francia y Gran Bretaña (27 de febrero de 1939).


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10.4. Fases militares de la Guerra Civil. La evolución política y económica en las dos zonas. Consecuencias económicas y sociales de la guerra. Los costes humanos.

La fase inicial de la guerra (1936), tras el fracaso de la sublevación en las principales ciudades y zonas industriales, se caracterizó por el avance hacia Madrid de las dos partes principales del ejército "nacional" o "fascista" (denominaciones dadas por cada bando): Mola desde el Norte (batalla de Guadarrama) y Franco desde el Suroeste (Alcázar de Toledo). El gobierno "republicano" o "rojo" (denominaciones dadas por cada bando) salió de la capital para instalarse en Valencia, quedando la ciudad en manos de una Junta de Defensa, que logró organizar la resistencia los bombardeos, los asaltos directos desde la Casa de Campo (campaña "No pasarán") y los intentos de cortar las comunicaciones por el Este (batallas del Jarama y Guadalajara).

La segunda fase (1937) se centró en el frente del norte. Tras el polémico bombardeo de Guernica (26 de abril), los "nacionales" fueron tomando sucesivamente las provincias marítimas vascas, a pesar de la pretendida inexpugnabilidad del "cinturón de hierro" de Bilbao (junio), Santander (agosto-septiembre) y Asturias (septiembre-octubre). Por su parte, los "republicanos" intentaron maniobras de distracción en otros frentes (Brunete, Belchite), con grandes costes y escasos resultados.

Entre diciembre de 1937 y febrero de 1938 se dio la Batalla de Teruel, sucesivamente tomada y perdida por ambos bandos. Poco después se produjo la llegada de los "nacionales" al Mediterráneo (Vinaroz, 15 de abril), cortando en dos la "zona republicana".


La última gran ofensiva del ejército "republicano" se dio entre julio y noviembre de 1938 en la Batalla del Ebro, la más cruenta de la guerra. Aunque logró cruzarlo, no fue capaz de mantener las cabezas de puente y hubo de retirarse, produciéndose con rapidez la caída de Cataluña (Barcelona, 26 de enero de 1939) y la huida a Francia de miles de personas, incluido el presidente Azaña (que dimitió, 27 de febrero) y el poeta Machado; ambos murieron al poco tiempo.

El resto del territorio fue ocupándose sin combates por los "nacionales" en plena descomposición interna de la retaguardia "republicana": en marzo, el jefe militar de Madrid, coronel Casado, se impuso violentamente contra los partidarios de resistir y ofreció a Franco una rendición con condiciones, que en todo caso no fue aceptada, mientras miles de personas salían al exilio desde los puertos mediterráneos. El último parte de guerra se firmó el 1 de abril de 1939 ("Tercer Año Triunfal - Año de la Victoria").

La organización política de la "zona nacional" se caracterizó por el totalitarismo. A los pocos días de haber "liberado" el Alcázar de Toledo, la "Junta de Defensa Nacional" (dirigida inicialmente por el general Cabanellas) nombró a Franco como "Jefe del Gobierno del Estado y Generalísimo de los Ejércitos" (1 de octubre). Era el militar con mejor relación con la Alemania nazi; y su liderazgo era indiscutible tras las muertes de los generales Sanjurjo (20 de julio de 1936) y Mola (3 de julio de 1937) -ambos en accidente de aviación- y la del jefe de Falange, José Antonio Primo de Rivera ("el ausente" -se coreaba "José Antonio ¡presente!"-, fusilado en la cárcel de Alicante el 20 de noviembre de 1936). Entre Salamanca y Burgos se fueron estableciendo las instituciones de un "Estado Nacional", cuya capital económica fue Bilbao. Prohibidos todos los partidos políticos y sindicatos, el 20 de abril de 1937 se publicó el Decreto de unificación de todas las fuerzas que apoyaban el "Alzamiento" en una única organización: Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS o "Movimiento Nacional").

PARTE DE ESTO SE VUELVE A CONTAR EN EL PRIMER TEMA DEL FRANQUISMO

La represión, deliberada y sistemática, fue muy dura y generalizada a todos los que se hubieran opuesto al "Alzamiento", a quienes se les acusaba de "rebelión militar" como consecuencia de la declaración del estado de guerra que realizaron los militares sublevados (paradójicamente, en la zona "republicana" no se declaró el estado de guerra, para mantener el mando en manos civiles, mientras que Franco no lo levantó hasta 1948 -nueve años después de terminada la guerra-). Entre los colectivos más perseguidos estuvieron los simpatizantes de partidos y sindicatos de izquierda y nacionalistas periféricos, pero también políticos, intelectuales o cualquier persona identificable por sus opiniones progresistas, liberales o anticlericales ("maestrillos, mediquillos, abogadillos y demás chusma roja"), destacadamente los masones, una obsesión personal de Franco ("conspiración judeo-masónico-marxista internacional"). Uno de los episodios más violentos fue la matanza de Badajoz (cifras discutidas).

La organización política de la "zona republicana" se caracterizó por sus divisiones internas. Tras dos gobiernos muy breves, que no consiguieron controlar a la multiplicidad de grupos armados que habían detenido la sublevación en media España, en septiembre Azaña encargó a Largo Caballero la formación de un gobierno (inédito por muchas razones: predominio socialista y sindical, con presencia de ministros comunistas y -desde noviembre- anarquistas, uno de ellos mujer -Federica Montseny-). Se evitó realizar la declaración del estado de guerra para que la jefatura militar permaneciese en manos civiles; aunque muchos militares profesionales permanecieron fieles al gobierno (generales Rojo y Miaja). La improvisación de las unidades de milicianos fue problemática, pero también permitió el ascenso de líderes militares no profesionales (Durruti, "El Campesino", Enrique Líster).  


En algunas zonas se realizaron colectivizaciones de fincas o industrias, con fuertes polémicas entre los partidarios de "hacer la revolución para ganar la guerra" (anarquistas, trostskistas y algunos socialistas) y los de "ganar la guerra para hacer la revolución" (la mayoría de los socialistas y los estalinistas). Llegaron a estallar enfrentamientos armados, los más graves los "sucesos de Barcelona" o "fets de maig" (mayo de 1937). También hubo una dura represión de los que se identificaban como contrarios a la República o al Frente Popular o "enemigos de clase", miles de sacerdotes y monjas (43 de los 48 obispos supervivientes -13 habían sido asesinados- publicaron una "Carta colectiva" en apoyo a la "Cruzada"), empresarios, propietarios y simpatizantes de los partidos de derechas o de las instituciones católicas. Se les acusaba de "quintacolumnistas" (saboteadores) y se les encerraba en las "checas" (centros de detención informal, controlados por distintos partidos y sindicatos), de donde era habitual que desaparecieran en los "paseos" (ejecuciones extrajudiciales). El episodio más reseñado fue la matanza de Paracuellos (dos mil evacuados de las prisiones de Madrid).

En abril de 1938 se formó el gobierno Negrín, representante de la facción de los socialistas más cercana al Partido Comunista, cada vez más influyente, partidario de resistir todo lo posible, esperando que estallara en Europa una guerra contra las potencias fascistas, que obligara a las democracias occidentales a ayudar a la República española ("13 puntos de Negrín"). En el segundo aniversario del comienzo de la guerra Azaña dio en Barcelona su último discurso ("paz, piedad, perdón"). En los últimos días de la guerra se dio el golpe de Casado.

Las frutas características del territorio de ambas zonas definían "la España de las naranjas y la España de los plátanos". La ventaja "republicana" en zonas industriales (especialmente al comienzo de la guerra), se compensaba con la ventaja "nacional" en zonas cerealistas; lo que sumado a la menor densidad de población y a la menor urbanización produjo un mejor abastecimiento. La zona "republicana", pasó más hambre, haciéndose populares las "píldoras del doctor Negrín" (lentejas). La ayuda económica de las grandes fortunas al bando "nacional" (Cambó, Juan March) no tuvo equivalente en el bando "republicano", donde el gobierno sí pudo disponer de las reservas del Banco de España ("el oro de Moscú") y realizó amplias emisiones de billetes con graves efectos de inflación. En muchos lugares de la zona "republicana" se realizaron experimentos de colectivización y emisión de vales revolucionarios y pseudo-monedas locales con el objetivo de suprimir el dinero. A medida que se veía próximo el fin de la guerra, aumentaba la desconfianza en el "dinero rojo", que el "Estado Nacional" no reconocía.

La cifra de "un millón de muertos" que se llegó a proponer es exagerada, pero es cercana si se suman todas las causas de sobremortalidad (muertos en el frente o por la represión en ambas retaguardias, muertos por hambre o enfermedades vinculadas a las malas condiciones de vida). Incluso mayor que el incremento de la mortalidad fue el descenso de la natalidad, lo que provocó varios años de crecimiento natural negativo, compensado lentamente durante la posguerra. Los exiliados, que inicialmente pudieron llegar al medio millón, se redujeron a la mitad por los retornos de los primeros años.

110.

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Así era la España del 18 de julio en 18 datos (artículo)


El tratamiento literario y cinematográfico de la Guerra Civil es abrumador (véase lista en Wikipedia). Aquí dejo algunos.
 Informes diplomáticos embajada de Chile

Max Aub Campo cerrado

Arturo Barea, La forja, La fragua
Ramón J. Sender, Réquiem por un campesino español
Agustín de Foxá, Madrid, de Corte a Checa
George Orwell, Homenaje a Cataluña
Bernanos, Los grandes cementerios bajo la luna
Javier Cercas, Soldados de Salamina
José María Pemán, Poema de la bestia y el ángel
Miguel Hernández, Viento del pueblo
La vaquilla
Las bicicletas son para el verano
La lengua de las mariposas
Libertarias


BLOQUE 11. La Dictadura Franquista (1939-1975)

11.1. La creación del Estado franquista. Grupos ideológicos y apoyos sociales. Etapas de la dictadura y principales características de cada una de ellas. El contexto internacional: del aislamiento al reconocimiento exterior.

Durante la Guerra Civil se crearon las estructuras de un "Estado Nacional", sin división de poderes ni control democrático, en el que "Su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, Caudillo de los Ejércitos" o "de la Cruzada", era únicamente responsable "ante Dios y ante la Historia". Su legitimidad se justificaba en su "carisma" y sus logros: la "salvación de España" entendida como "unidad de destino en lo universal" (lema "Una, Grande y Libre"). Descartada la restauración de la monarquía, se planteó explícitamente el establecimiento de un régimen totalitario personalista y militarista ("caudillismo") que, a diferencia de la dictadura de Primo de Rivera, pretendía perpetuarse en el poder, combinando los modelos del fascismo italiano o el nazismo alemán con el tradicionalismo español (las "derechas de toda la vida": jerarquía social, catolicismo y nacionalismo casticista de un pasado imperial mitificado) y como anti-modelo la "anti-España" identificada con la República (rojos, masones y separatistas). Se prohibieron todos los partidos políticos y sindicatos, obligándose a fusionarse a todos los que apoyaron el "Alzamiento Nacional" en un único "Movimiento Nacional" (Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista -FET y de las JONS-), único cauce de participación en la vida pública. En vez de una Constitución, se promulgó como "Ley Fundamental" el "Fuero del Trabajo" (1938), inspirado en la Carta del Lavoro italiana.

Franco logró asentar su poder manteniendo el equilibrio entre "familias" rivales y muy divididas internamente (militares, azules, nacional-católicos y monárquicos), entre las que se repartían los premios y responsabilidades del poder político, económico y social, así como los medios de comunicación (cada una se identificaba con cierto periódico), manteniendo un limitado grado de pluralidad siempre que no se cuestionara el régimen ni los "principios inmutables del Movimiento Nacional" (la calificación de este sistema como totalitario o autoritario es objeto de debate [véase polémica por su biografía en el DRAH en El País, ABC y Público]):



  • Militares, de los que los más cercanos a Franco eran los "africanistas" -Agustín Muñoz Grandes- y el almirante Luis Carrero Blanco, Hermandad de Excombatientes (El Alcázar).   
  • "Azules", nacional-sindicalistas o falangistas, divididos en "camisas nuevas" y "camisas viejas" -Girón de Velasco, la muerte de José Antonio les privó de líder, franco nombró a Serrano Súñer "el cuñadísimo", surgiendo disidentes como Manuel Hedilla o Dionisio Ridruejo-; se concentraron en la política social, el sindicato vertical, las Universidades Laborales, la Sección Femenina y la Organización Juvenil Española -OJE- (PuebloArriba).
  • "Nacional-católicos", Acción católica, Asociación Católica Nacional de Propagandistas; divididos en preconciliares, tecnócratas -Opus Dei, Navarro Rubio, Ullastres, López Bravo, López Rodó-, democristianos -Ruiz Giménez-, obreristas -HOAC, USO- (Ya).
  • Monárquicos, divididos en carlistas -tradicionalistas o requetés, con disidentes que pasaron a la oposición- y alfonsinos -posteriormente divididos en juanistas y juancarlistas- (ABC).
 
La alianza con las potencias del Eje se mantuvo en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, aunque España se declaró "no beligerante" frente a los aliados occidentales (en la entrevista de Hendaya Hitler no aceptó las excesivas condiciones de Franco, que también estaba presionado por la diplomacia inglesa, muy presente incluso con sobornos a miembros de la cúpula militar); mientras que contra la Unión Soviética se consintió la formación de una "División Azul" de voluntarios que se integraron en el ejército alemán (discurso de Serrano Suñer -"Rusia es culpable", 23 de junio de 1941-).

Cuando cambió el signo de la guerra, se apartó a Serrano Suñer del gobierno (3 de septiembre de 1942) y se retiró la División Azul, declarándose España "neutral" (1 de octubre de 1943). En las conferencias de Yalta y Potsdam (febrero y agosto de 1945) no se atendieron las exigencias de Stalin de acabar con el régimen de Franco como un objetivo de los aliados, pero se le aisló diplomáticamente, retirándose las embajadas y no permitiendo su ingreso en la ONU (12 de diciembre de 1946). Sólo quedó el apoyo internacional del Vaticano (papa Pío XII), Portugal (dictadura de Salazar -Pacto Ibérico, 1942-) y Argentina (general Perón -visita de Evita, 1947-). Para ofrecer una apariencia institucional de Estado de Derecho se fueron aprobando nuevas "Leyes Fundamentales" (Cortes, Fuero de los Españoles, Referéndum, Sucesión -1947, definía a España como reino, dejando a voluntad de Franco nombrar sucesor a título de rey-). La influencia de la Iglesia se hizo omnipresente en la vida cotidiana, la educación y la cultura; el régimen recibía la calificación de "nacional-catolicismo" (por oposición al "nacional-sindicalismo" de la Falange).

La Guerra Fría hizo que Estados Unidos valorase la ventaja estratégica de establecer bases militares en España, y de fortalecer un régimen anticomunista como el de Franco, negociándose los Acuerdos de Madrid (1953); no se aplicó el Plan Marshall, pero sí distintas ayudas económicas. El mismo año se firmó un Concordato con el Vaticano. Se permitió el ingreso en la ONU y se reanudaron las relaciones diplomáticas (excepto con México y el bloque del Este liderado por la Unión Soviética). El régimen pudo exhibir como un éxito que los intelectuales que habían impulsado la República, y que quedaron decepcionados por ella (Ortega, Marañón, Pérez de Ayala), volvieran a España, y denigró como "antiespañoles" a los que se mantenían en el exilio. Otros se debatían entre el posibilismo de la colaboración y el sometimiento a la censura (Dámaso Alonso, Buero Vallejo) o el "exilio interior" (Vicente Aleixandre, Alfonso Sastre).
Fue significativa la diferencia de posturas entre Dalí y Picasso.

Los años sesenta significaron una cierta "apertura", simbolizada en el ministro Manuel Fraga, responsable de la promoción del turismo ("España es diferente") y la Ley de Prensa (1966). Cuando se forzó los límites de esa ley, al publicar el escándalo Matesa, que afectaba a miembros del gobierno vinculados al Opus Dei, Franco optó por una solución salomónica: cesar tanto a unos como a otros (1969). Incluso se pidió el ingreso en el Mercado Común, que fue rechazado por no cumplir las exigencias democráticas europeas (1962, simultáneamente al "contubernio de Múnich"). En 1966 se aprobó la última de las Leyes Fundamentales, la "Ley Orgánica del Estado", que pretendía definir al régimen como una "democracia orgánica" (representación de las unidades naturales: "familia, municipio y sindicato"); y en 1969 Franco designó a Juan Carlos de Borbón como "príncipe de España" en cumplimiento de la Ley de Sucesión. La propaganda oficial celebraba los XXV Años de Paz (1964), éxitos deportivos (6 copas de Europa del Real Madrid, gol de Marcelino a Rusia en 1964) y musicales (Eurovisión 1968 y 1969).

65 (+15).

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11.2. Política económica del franquismo: de la autarquía al desarrollismo. Transformaciones sociales: causas y evolución.

La posguerra fue durísima (años de hambre, mortalidad y enfermedades -latirismo, raquitismo, tuberculosis-), con el racionamiento de los productos básicos y un cierre al comercio exterior impuesto, primero por la Segunda Guerra Mundial y luego por el aislamiento internacional, que hizo muy difícil el acceso al petróleo. Se nacionalizaron los ferrocarriles (RENFE) y la aeronáutica (Iberia), y se crearon grandes grupos industriales públicos en sectores estratégicos agrupados en el Instituto Nacional de Industria (INI: petroquímica -Calvo Sotelo-, eléctrica -ENDESA-, automoción -Pegaso, SEAT-, naval -Bazán-, siderurgia -ENSIDESA-, carbón -HUNOSA-); programas de colonización interior (sustitución de la reforma agraria por el asentamiento de población en tierras marginales que se ponían en regadío). El sindicato vertical agrupaba obligatoriamente a empresarios y trabajadores, negando tanto el derecho de huelga como el despido libre, planteando la relación laboral en forma paternalista y obligando al cumplimiento de la legislación laboral y los convenios colectivos que fijaban salarios y condiciones laborales.

Los niveles económicos de preguerra no se alcanzaron hasta casi veinte años después, en la década de los cincuenta. Incluso entonces, con graves desequilibrios que obligaron al equipo "tecnócrata" de economistas del Opus Dei a proponer a Franco un duro plan de estabilización (1959) que suponía la devaluación de la peseta, el control de la inflación y el gasto público, y la introducción de mecanismos de mercado contrarios al paternalismo de orientación falangista que había caracterizado la época de autarquía. El periodo posterior, desde 1964, fue de "planificación indicativa": los Planes de Desarrollo, vinculantes para el sector público y orientativos para las empresas privadas, que se beneficiaban de variados apoyos, como la creación de "polos de desarrollo" en zonas donde se querían impulsar las inversiones, aunque en la práctica la industrialización fue geográficamente muy desequilibrada, concentrada en Cataluña, el País Vasco y Madrid. Fue muy importante la inversión extranjera, sobre todo la estadounidense. El incremento de las exportaciones agrícolas no compensó el de las importaciones de productos manufacturados y maquinaria, causando una balanza comercial crecientemente deficitaria que se compensaba por los ingresos del turismo y las remesas de los emigrantes (más de un millón y medio). Se duplicó la renta per cápita.

Superados los retrocesos de la posguerra, se culminó del proceso de industrialización, generando por primera vez en la historia de España una amplia clase media urbana y una sociedad de consumo (mejora de la alimentación, moda, electrodomésticos, motorización). Un fuerte éxodo rural llenó las periferias de las grandes ciudades, donde el problema de la vivienda generó zonas de chabolismo y el llamado "chabolismo vertical". La emigración exterior tomó como destino principal Europa Occidental. Se desarrolló el turismo de sol y playa, muy asequible a las clases trabajadoras de esos mismos países, y que contribuyó a la difusión de costumbres incompatibles con la rígida moralidad nacional-católica. Se extendió la Seguridad Social (sanidad, jubilación y desempleo). El analfabetismo se fue reduciendo, y en los años setenta se consiguió la generalización de la educación básica (EGB, hasta los 14 años) y un acceso cada vez más amplio al bachillerato y la Universidad, que empezó a masificarse.

La población española experimentó la transición demográfica, reduciéndose desde la posguerra las tasas de mortalidad y el tamaño medio de las familias (4,22 en 1940, 3,81 en 1970), mientras que las tasas de natalidad se mantenían altas (baby-boom en los años sesenta), reduciéndose lentamente desde entonces el índice de fecundidad (3,14 hijos por mujer en 1960, 2,80 en 1975), a pesar del mantenimiento de políticas natalistas y la prohibición de los métodos anticonceptivos. El papel social de la mujer, que había vuelto a ser el tradicional, limitado a la familia, fue abriéndose tímidamente en los últimos años.


50.


-fuente: FOESSA-

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11.3. La oposición a la dictadura: principales grupos y evolución en el tiempo. La crisis del franquismo desde 1973 a la muerte de Franco.


Además de los miles de presos en cárceles y campos de trabajo (como el que levantó el Valle de los Caídos), en muchas casas vivían escondidos los "topos" (algunos durante años). En zonas montañosas se mantuvo la resistencia armada de los "maquis", que se fortaleció con la invasión del Valle de Arán por un grupo de republicanos españoles que habían combatido junto a la resistencia francesa contra los nazis hasta la liberación de Francia (octubre de 1944). Al quedar claro que la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial no acabaría con el régimen de Franco, el exilio republicano español quedó muy decepcionado. La posición más realista fue la adoptada por el PCE (Santiago Carrillo, integrado en la Internacional Comunista dirigida por Stalin), que propuso la "reconciliación nacional" e inició una política de infiltración en los sindicatos verticales del franquismo. Desmantelados los sindicatos tradicionales (CNT y UGT), esa actividad sindical opositora fue protagonizada una nueva organización: Comisiones Obreras (Marcelino Camacho); en 1972 se detuvo y encarceló a sus dirigentes (juicio 1001).

En junio de 1962 se organizó un encuentro, dirigido por Salvador de Madariaga, de personalidades opositoras del exilio y del interior, que la prensa franquista denominó "Contubernio de Múnich".

El hijo de Alfonso XIII, Juan de Borbón ("Don Juan", "Conde de Barcelona"), mantuvo una relación ambivalente con Franco: se había ofrecido para luchar bajo su mando en la Guerra Civil (lo que le fue negado), mantuvo contactos con los aliados para ofrecerse a restaurar la monarquía tras su victoria en la Segunda Guerra Mundial (lo que le negaron), se entrevistó con Franco en el yate "Azor", consintiendo que su hijo Juan Carlos se educase en España bajo el control de las autoridades, pero no se le permitió volver a España, manteniéndose una "corte en el exilio" en Estoril (Gil Robles, Pedro Sáinz Rodríguez).

La universidad se convirtió en un foco de protestas desde los altercados de 1956 ("hijos de las dos Españas"), destacando las de 1965 (apartamiento de sus cátedras de Enrique Tierno Galván, Agustín García Calvo y José Luis López Aranguren) y el impacto de la revolución de 1968 (Al vent, de Raimón).


El centralismo y la discriminación de las lenguas y culturas "minoritarias" provocó la reactivación de los movimientos nacionalistas periféricos, y en el País Vasco se formó la organización terrorista ETA.

Juan Carlos de Borbón fue designado "sucesor a título de rey" (julio 1969). Para dejar también fijado el predominio militar en un futuro sin Franco, se nombró por primera vez un presidente del gobierno: el almirante Luis Carrero Blanco. A los pocos meses fue asesinado por ETA (20 de diciembre de 1973). Le sustituyó un civil, Carlos Arias Navarro, que propuso una ley de asociaciones políticas ("espíritu de febrero"), rechazada tanto por la oposición democrática como por los inmovilistas del "búnker" (Girón de Velasco, de la Asociación de Ex-combatientes, publicó un artículo muy crítico que recibió el nombre de "gironazo"). Franco, ya de edad muy avanzada, hubo de ser hospitalizado (verano de 1974), y el príncipe Juan Carlos le sustituyó como jefe de Estado interino hasta su recuperación.

En 1974 y 1975 se dieron las últimas condenas a muerte (Puig Antic, miembros del FRAP y de ETA), suscitando protestas internacionales y de la oposición interior (canción Al Alba de Luis Eduardo Aute, obra de teatro La Torna de Els Joglars). En respuesta, el gobierno organizó una masiva manifestación en la Plaza de Oriente, donde apareció públicamente Franco por última vez (1 de octubre de 1975, coincidiendo con el aniversario de su "exaltación a la Jefatura del Estado"). El mismo día se produjo el atentado que dio nombre a los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre).

La iglesia católica se distanció del franquismo desde el aggiornamento del Concilio Vaticano II (1962-1965). El papa Pablo VI nombró obispos "reformistas" o "aperturistas", dirigidos por el cardenal Tarancón, opuesto a los "preconciliares". Surgen grupos eclesiales que protegen a opositores obreros (Padre Llanos) o a nacionalistas catalanes (Volem bisbes catalans!, 1966) y vascos ("escándalo Añoveros", 1974: el obispo de Bilbao, tras una homilía considerada favorable al nacionalismo vasco e incluso a ETA, es amenazado con la expulsión por el gobierno, lo que hubiera ido en contra del Concordato).


55.

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BLOQUE 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975).

12.1. La Transición: alternativas políticas tras la muerte de Franco. El papel del rey y el gobierno de Adolfo Suárez. El restablecimiento de la democracia: las elecciones de junio de 1977. La Constitución de 1978. El Estado de las Autonomías. El terrorismo durante la Transición.

El régimen franquista parecía haber quedado "atado y bien atado (expresión del propio Franco en su último mensaje) con la continuidad de Arias Navarro en la presidencia del gobierno (el almirante Carrero Blanco, la primera opción escogida por Franco, había sido asesinado por ETA). Para su superación se proponían dos caminos opuestos: reforma ("de la ley a la ley por la ley", planteada por los elementos más aperturistas -Torcuato Fernández Miranda-) o ruptura (planteada por la oposición, con reivindicaciones muy dispares y no compartidas por todos los partidos, entre las que estaban la "depuración de los cuerpos represivos", el derecho de autodeterminación de los pueblos y someter a cuestión la monarquía, el sistema capitalista o la alianza con Estados Unidos). No triunfó plenamente ni la reforma ni la ruptura, conformándose el "consenso": la necesidad de un amplio acuerdo que no satisficiera plenamente a ninguno de los grupos políticos o sociales (el novelista Vázquez Montalbán lo describió como resultado no de la "correlación de fuerzas", sino de la "correlación de debilidades"). El rey Juan Carlos, en una entrevista a un medio estadounidense definió a Arias Navarro como un "desastre sin paliativos", y éste dimitió. Junto con Fernández Miranda diseñó una maniobra para conseguir que el Consejo de Estado propusiese para sustituirle una terna de candidatos en la que figurara Adolfo Suárez, un personaje joven procedente de la familia "azul" del franquismo pero de poco peso político, que había dirigido Televisión Española.

Suárez planteó a las Cortes franquistas la Ley para la Reforma Política, que de hecho significaba su disolución ("harakiri") y la convocatoria de unas elecciones generales con partidos políticos, algo que los inmovilistas (el "bunker") consideraba una vulneración de los "inmutables" Principios del Movimiento Nacional. Fue clave el mantenimiento de la disciplina del ejército, controlado por el teniente general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno. La legitimación popular se consiguió a través de un referéndum en el que la oposición pidió la abstención y el "búnker" pidió el voto negativo.

Se fue permitiendo la vuelta de los exiliados (Santiago Carrillo, líder del PCE, lo hizo clandestinamente para forzar su detención, poniendo en un aprieto al gobierno) y se fueron registrando los partidos políticos que iban a presentarse a las elecciones de 1977. En los "siete días de enero" se produjeron simultáneamente graves atentados terroristas de extrema derecha (asesinatos de los abogados laboralistas de Atocha, 24 de enero) y extrema izquierda (secuestros de dirigentes empresariales, políticos y militares por los GRAPO), además de manifestaciones y contramanifestaciones de la oposición y la extrema derecha, con enfrentamientos violentos y represión policial, que produjo varias muertes (sucesos de Vitoria, 3 de marzo). El entierro de los abogados de Atocha, que se consintió organizar al PCE, fue visto como una prueba de su fuerza y compromiso con las vías democráticas pacíficas. Su legalización se demoró con recursos judiciales, produciéndose por decisión del consejo de ministros el Sábado Santo (9 de abril). Dimitió uno de los militares del gobierno. Santiago Carrillo convocó una rueda de prensa renunciando al uso de la bandera republicana y aceptando la bandera monárquica.

Las elecciones (convocadas con un sistema electoral proporcional de circunscripciones provinciales muy desiguales en población, que propicia un bipartidismo imperfecto y sobrerrepresenta al primer partido y a los partidos nacionalistas periféricos -no se modificó hasta la actualidad-) dieron la mayoría relativa a la coalición electoral reunida en torno a Suárez (Unión del Centro Democrático -UCD-, compuesta por ex-franquistas aperturistas, liberales, democristianos y socialdemócratas), y un segundo puesto al PSOE de Felipe González. Los resultados del PCE se consideraron mucho menores de lo esperado, así como los de Alianza Popular (una coalición de ex-franquistas en torno a Manuel Fraga). La democracia cristiana de Ruiz Giménez no obtuvo ningún escaño. En sus circunscripciones obtuvieron amplia representación los nacionalistas vascos y catalanes.

La constitución se redactó a partir de un texto consensuado en la ponencia constitucional, por los "siete padres" (tres de UCD, la coalición gubernamental -Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y José Pedro Pérez-Llorca-, y cuatro de la oposición: PSOE -Gregorio Peces Barba-, PCE -Jordi Solé Turá-, Alianza Popular -Manuel Fraga-  y minoría catalana -Miquel Roca-). Se definió a España como un "Estado social y democrático de Derecho". Admitidas por la oposición cuestiones como la monarquía, la economía de mercado (simultáneamente a los debates constitucionales se negociaron los pactos de la Moncloa) o la especial relación con la Iglesia católica (a pesar de la aconfesionalidad, se negoció un Concordato con el papado), la más conflictiva fue la configuración de la estructura territorial: terminó definiéndose la "indisoluble unidad de la Nación española" al mismo tiempo que se "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones", algunas de las cuales tenían la consideración de "históricas" (las que iniciaron el proceso autonómico durante la II República, a las que se añadió posteriormente Andalucía, mientras que Navarra y el País Vasco eran reconocidas en sus derechos "forales" anteriores), con un Título VIII en que se delimitaban de forma ambigua sus competencias y las del Estado.

El gobierno consintió la reconstrucción de los gobiernos autonómicos republicanos que se habían mantenido en el exilio (Cataluña y el País Vasco), siendo especialmente significativa la vuelta de Josep Tarradellas ("Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí" -23 de octubre de 1977-), a quien se permitió ostentar el cargo de president de la Generalitat. Los demás territorios decidieron su configuración en el "proceso pre-autonómico" tras las elecciones municipales de 1979, que resultó en la formación de 17 comunidades autónomas. La generalización de las autonomías, independientemente de los "hechos diferenciales" que pretendieran justificarlas, procuró evitar agravios comparativos (Manuel Clavero Arévalo, "café para todos").

ESTE CONTENIDO SE CONTINÚA CRONOLÓGICAMENTE EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL SIGUIENTE TEMA (12.2)

A pesar de que sus miembros se vieron beneficiados por la amnistía, ETA, escindida en una rama "militar" y otra "político-militar", intensificó su actividad terrorista, apoyada en el interior por sus brazos políticos (Herri Batasuna y Euskadiko Ezkerra) y en el exterior por su condición de refugiados políticos en Francia. Los "político-militares", en los años ochenta, terminaron aceptando un proceso de reinserción o integrándose en ETA militar; mientras que su brazo político se escindió en varias corrientes que se integraron en distintos partidos.

ESTE CONTENIDO SE CONTINÚA CRONOLÓGICAMENTE EN EL SEXTO PÁRRAFO DEL SIGUIENTE TEMA (12.2)


77.

https://sekelcastillohistoriadeespana.files.wordpress.com/2018/03/12-1.pdf
http://yestoquienlopaga.blogspot.com.es/2018/05/la-transicion-alternativas-politicas.html
http://utopiamagna.blogspot.com.es/2018/03/resumenes-bloque-12.html

Los GRAPO inician una campaña de extorsión a empresarios de toda España (artículo ABC, 19 de mayo de 1998)


12.2. Las etapas políticas de la democracia. Los gobiernos de la UCD. El golpe de Estado de 23 de febrero de 1981. La alternancia política: gobiernos socialistas y gobiernos del Partido Popular.


Tras la aprobación de la Constitución, Suárez optó por convocar elecciones generales (1 de marzo de 1979), en las que revalidó una mayoría relativa de la UCD que le permitió seguir en el gobierno; mientras que en las elecciones municipales (3 de abril del mismo año) las principales alcaldías fueron para la izquierda (coaliciones postelectorales del PSOE con el PCE, como la que hizo a Enrique Tierno Galván alcalde de Madrid).

Se aprobaron los estatutos de autonomía de Euskadi y Cataluña (25 de octubre), bajo los que se convocaron elecciones autonómicas al año siguiente y la formación de gobiernos por los partidos nacionalistas periféricos (Carlos Garaicoechea -PNV-, Jordi Pujol -Convergència i Unió-); mientras que Andalucía tuvo un trámite más accidentado, en el que la movilización popular terminó por imponer al gobierno su equiparación a las comunidades denominadas "históricas". "...el conjunto del sistema autonómico alcanzó un grado notable de descentralización en un desarrollo impulsado por los acuerdos autonómicos de 1981 [LOAPA, posteriormente declarada inconstitucional] y 1992 [por la que se equiparó el techo competencial de todas las comunidades independientemente de su forma de acceso a la autonomía]. Así, en 2001 se completaron los grandes traspasos a todas las Comunidades (educación y sanidad). Sin embargo, desde entonces funciona con defectos estructurales graves pues más allá de descentralizar no parece haberse logrado el funcionamiento coherente e integrado de diecisiete comunidades políticas con el Estado". (texto Ideas para una reforma de la Constitución, 2017)


EL CONTENIDO DE ESTE PÁRRAFO ES CONTINUACIÓN CRONOLÓGICA DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL TEMA ANTERIOR (12.1 TRANSICIÓN...AUTONOMÍAS)

El clima político se veía sometido a tensiones, aumentadas por los asesinatos de ETA, dirigidos contra el ejército, la guardia civil y la policía, que objetivamente buscaban provocar un golpe militar. El "ruido de sables" era evidente. Al mismo tiempo, la economía empeoraba, en el contexto internacional de la segunda crisis del petróleo. La posición de debilidad del gobierno fue aprovechada para la presentación de una moción de censura por el líder del PSOE, Felipe González (29 de mayo de 1980). A comienzos del año 1981 Suárez presentó su dimisión, proponiendo para sustituirle a Leopoldo Calvo Sotelo, otro dirigente de UCD. El 23 de febrero, durante la votación de investidura de este, hubo un intento de golpe de Estado, cuya parte más espectacular fue la toma del Congreso y el secuestro del gobierno y los diputados por un grupo de guardias civiles liderados por el teniente coronel Tejero. El golpe únicamente recibió el apoyo efectivo de Miláns dels Bosch (capitán general de Valencia) y del grupo que había participado en la conspiración. La oposición del rey fue decisiva para que la mayor parte del ejército no lo secundara, y al día siguiente los golpistas se rindieron.

El breve gobierno de Calvo Sotelo tuvo tiempo de implantar algunas medidas de gran trascendencia: la entrada de España en la OTAN y la ley del divorcio (promovida por el ministro Fernández Ordóñez). En cambio, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) fue anulada por el Tribunal Constitucional. La descomposición interna de UCD, de la que se había desvinculado Suárez (creando un nuevo partido de centro -CDS-), líderes de las corrientes liberal y democristiana (que se aproximaron a la Alianza Popular de Fraga) y líderes de la corriente socialdemócrata (Fernández Ordóñez, que se aproximó al PSOE), obligaron al adelantamiento de las elecciones generales (28 de octubre de 1982). El PSOE obtuvo mayoría absoluta, quedando Alanza Popular como principal fuerza de la oposición.

El gobierno de Felipe González emprendió un programa de modernización que renunciaba a nacionalizaciones y otras medidas izquierdistas del programa tradicional del PSOE, equiparándose a la socialdemocracia europea occidental (la renuncia al marxismo se había producido en 1979); incluía medidas sociales consideradas "progresistas" (despenalización del aborto y del consumo de drogas, extensión de la escolarización obligatoria) y otras muy impopulares (reconversión industrial, reforma laboral y de las pensiones), que llevaron al distanciamiento de los sindicatos (incluso de la UGT, presente entre los diputados de su grupo -Nicolás Redondo-) y a varias huelgas generales. En 1986, ya dentro del Mercado Común, se consiguió aprobar en referéndum las condiciones para la permanencia en la OTAN, tras el cambio de criterio del gobierno (opuesto a esta alianza cuando estaba en la oposición).

Los primeros años ochenta fueron los de mayor violencia de la banda terrorista ETA, cuyos miembros gozaban de condición de refugiados políticos en Francia. Comenzaron a ser hostigados por los denominados "Grupos Antiterroristas de Liberación" (GAL), en atentados por los que posteriormente fueron condenados varios miembros y dirigentes de la policía española, incluyendo el ministro del interior del primer gobierno socialista (José Barrionuevo). Se produjo un cambio de actitud de Francia, que retiró la condición de refugiados y comenzó a extraditar a los etarras. En 1989, durante la declaración de una "tregua" por ETA, representantes del gobierno acudieron a Argel para contactar con miembros de la banda, sin resultado.


EL CONTENIDO DE ESTE PÁRRAFO ES CONTINUACIÓN CRONOLÓGICA DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL TEMA ANTERIOR (12.1 TRANSICIÓN...TERRORISMO)

Los llamados "años del pelotazo" tuvieron un gran crecimiento económico, en parte debido a la especulación (según el ministro de economía, Solchaga, España era el país donde más fácil era enriquecerse rápidamente). El ciclo llegó a cubrir las grandes proyectos de 1992 (Olimpiadas de Barcelona, Exposición Universal de Sevilla, Capitalidad Cultural Europea de Madrid); a partir de 1993 comenzó un ciclo depresivo, que coincidió con sucesivos escándalos de corrupción (FILESA -financiación ilegal-, Guerra -el hermano del vicepresidente del gobierno, que dimitió-, Roldán -director de la Guardia Civil, que llevó a la  dimisión de los ministros de Interior y Justicia-, escuchas del CSID -dimisión del vicepresidente Narcís Serra y el ministro de defensa-).

En 1996 el Partido Popular de José María Aznar ganó las elecciones con mayoría relativa, llegando al gobierno con el apoyo de los partidos nacionalistas periféricos (pacto del Majestic). Las siguientes elecciones (2000) las ganó por mayoría absoluta. Durante sus gobiernos se suprimió el servicio militar obligatorio, se reforzó la alineación con los Estados Unidos (apoyo a la guerra de Irak del "trío de las Azores") y se equilibró la economía española de forma que se consiguió adoptar el euro junto con las economías más avanzadas de la Unión Europea. Las elecciones de 2004, en que Aznar renunció a presentarse, fueron ganadas por el PSOE de Rodríguez Zapatero, dos días después de los atentados del 11 de marzo.

De nuevo a un ciclo de dos legislaturas gobernadas por el partido socialista (2004-2011, en la que se promulgaron leyes como la de Memoria Histórica, el reconocimiento del matrimonio homosexual, la ampliación de la ley del aborto y la banda terrorista ETA decidió poner fin a sus atentados), en medio de una grave crisis económica, siguió un ciclo de dos legislaturas gobernadas por el partido popular (Mariano Rajoy, 2011-2018), durante las que se produjo la abdicación de Juan Carlos I en su hijo (Felipe VI, 2014) y una importante alteración del sistema político, con la entrada de nuevos partidos (Ciudadanos, Podemos, Vox) y la radicalización del llamado procés en 2017 (referéndum ilegal, declaración unilateral de independencia por el Parlamento de Cataluña y la intervención de la autonomía catalana por aplicación del artículo 155 de la Constitución, mientras los líderes independentistas fueron encarcelados o huyeron al exilio).

98.

https://sekelcastillohistoriadeespana.files.wordpress.com/2018/04/12-2.pdf

https://pedrofloresprofe.files.wordpress.com/2018/04/transicic3b3n-2-2018.pdf 

Ley de fincas manifiestamente mejorables


12.3. La integración de España en Europa. Consecuencias económicas y sociales. La modernización de las infraestructuras. El Programa de Convergencia y la creación del euro.

Los intentos de entrar en el Mercado Común provenían del franquismo, aunque se habían rechazado por la exigencia de un sistema democrático, otorgándose únicamente un acuerdo preferencial (1970). Para la oposición, la incorporación a Europa se veía como la solución de los principales problemas de España.

Con la transición, la candidatura española se aceptó, creándose en los gobiernos de UCD un ministerio para las relaciones con Europa (Leopoldo Calvo Sotelo, 1978, y Eduard Punset, 1980). Las negociaciones se prolongaron en el tiempo, dada la resistencia francesa a liberalizar la entrada de frutas y verduras españolas, que perjudicaba a sus agricultores (provocaron repetidos episodios de quemas de camiones). Por otra parte, se exigieron transformaciones económicas con gran coste social, como la reconversión de la industria pesada (astilleros, siderurgia), la minería de carbón, la pesca y la producción de leche, así como la adecuación del marco fiscal (introducción del Impuesto del Valor Añadido -IVA-). Tampoco ayudó la entrada de Grecia en el mercado común (1981), que la puso en disposición de bloquear la entrada de España y Portugal, países también mediterráneos y de menor desarrollo, con los que habría de compartir las mismas ayudas europeas y competir en las mismas producciones.

En la primera legislatura del PSOE se concluyeron las negociaciones (ministro Fernando Morán y secretario de Estado Manuel Marín), firmándose el tratado de adhesión en Madrid el 12 de junio de 1985. La fecha de incorporación fue el 1 de enero de 1986.

También problemática fue la incorporación a la OTAN (Organización para el Tratado del Atlántico Norte), la alianza defensiva liderada por Estados Unidos que incluía desde la Guerra Fría a la mayor parte de Europa Occidental y mantenía un "equilibrio del terror" con el Pacto de Varsovia (liderada por la Unión Soviética y que incluía las democracias populares de Europa Oriental). El ingreso de España se produjo con rapidez tras la dimisión de Suárez (partidario de una política de neutralidad), al solicitarla el gobierno de Calvo Sotelo tras una votación parlamentaria (1981). Las protestas populares contra la OTAN fueron lideradas por los partidos de izquierda, incluyendo el PSOE (bajo un equívoco lema -"de entrada, no"- que fue recibido con alguna susceptibilidad). Una vez en el poder, Felipe González evolucionó hacia una postura favorable, valorando las ventajas exteriores e interiores (profesionalización del ejército, que lo alejaba de su pasado golpista). Aunque tuvo que cumplir su promesa electoral de convocar un referéndum, pasó a pedir el sí a la permanencia, bajo ciertas condiciones: no admitir armas nucleares y reducir la presencia del ejército de Estados Unidos, que saldría de la mayor parte de las bases introducidas en la época de Franco. Con un escaso margen, el gobierno consiguió la victoria del sí. El ejército español empezó a participar en misiones de paz bajo mandato de la ONU, como en el conflicto de la antigua Yugoslavia.

La incorporación al Mercado Común significó la llegada de una considerable cantidad de ayudas europeas, muy importantes al sector agrícola, que se incrementaron con los fondos estructurales y de cohesión creados posteriormente. Gracias a ellos se culminaron grandes infraestructuras de transportes y comunicaciones (autopistas, ferrocarril de alta velocidad, aeropuertos), particularmente costosos en España a causa de sus condiciones geográficas, y se realizaron programas de desarrollo regional en zonas desfavorecidas.

El apoyo español a la unificación alemana (1989) tuvo como consecuencia el mantenimiento de una relación particularmente favorable con ese país, que se terminó convirtiendo en la "locomotora europea". España estuvo entre los países más interesados en impulsar una mayor integración, no sólo económica (era especialmente importante la colaboración judicial y policial contra el terrorismo), que se concretó en el Tratado de Maastrich (1992). Desde entonces se redenominó a las comunidades "Unión Europea" y se introdujo el euro como moneda común, con la exigencia de cumplir una serie de requisitos de convergencia (estabilidad monetaria y de precios, bajos niveles de déficit, deuda pública y tipos de interés) que la economía española no alcanzó hasta el final de la primera legislatura del Partido Popular con José María Aznar (1999). El euro comenzó a circular físicamente desde 2002, desapareciendo la peseta. Otros proyectos se frustraron (Constitución Europea, 2003), conduciendo a una "Europa a dos velocidades".

La crisis económica de 2008 llevó una grave depreciación de la deuda soberana de los países periféricos, que en España se sumó a una profunda crisis inmobiliaria y bancaria, que obligó a solicitar un rescate financiero europeo (2012).

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